El Tribuna Supremo suspende cautelarmente parte de la normativa de prórroga de las ITV.
Con la llegada del Estado de Alarma y el confinamiento por el Covid-19 fueron muchos los que vieron cómo caducaba la ITV de sus vehículos sin la posibilidad de ir a pasar la inspección. Fue entonces cuando el Gobierno dispuso la SND 413/2010 del 15 mayo por la que creaba unas de prórrogas escalonadas de validez de las últimas ITV para que los vehículos pudieran seguir circulando sin posibilidad de ser multados. Sin embargo, la letra pequeña de este SND incluía que esta prórroga no se contabilizaría para la siguiente inspección, algo que ahora el Tribunal Supremo ha dejado en suspenso cautelar.
Esto significa que si un vehículo cumplía la ITV a mitad de abril de este año y finalmente la superó en agosto, la fecha de cumplimiento de esta nueva ITV sería abril de 2021 o 2022, según la edad del vehículo, y no agosto. Y, eso es justo lo que ha suspendido el Tribunal Supremo, que no entiende ese recorte en el nuevo plazo.
Conflicto de intereses
Desde el Gobierno se alegó que esta disposición se hacía velando por los intereses de las ITV, que tuvieron que cerrar durante el Estado de Alarma, al contrario que los talleres que sí pudieron continuar abiertos. Sin embargo, este hecho fue denunciado por la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer).
Entendían que esta medida causaba no solo un perjuicio económico al tener que pagar dos veces la tasa con muy poco tiempo de diferencia sino porque también se perdía un día de actividad al tener que acudir al centro de ITV.
Consideraban que mantener la fecha original en lugar de la efectiva tras la prórroga no atendía a ninguna razón que lo justificara, algo que ha entendido el Tribunal Supremo suspendiendo cautelarmente la normativa del Ejecutivo.
No hay imparcialidad en los intereses
El juez ve loable la intención de asegurar la supervivencia económica de las estaciones de ITV y más tras el daño económico que ha supuesto la pandemia, pero entiende que esta recuperación y garantía de su actividad se puede alcanzar “por otras vías, sin imponer cargas a los particulares”.
En su sentencia dicta que “está en conflicto no un interés público frente a un interés privado sino solo intereses privados enfrentados, las de las concesiones de ITV y los titulares de los vehículos”. Y alude a una clara desventaja de los particulares frente a las ITV.
No es la primera vez que esta normativa llega a los juzgados. El Tribunal Supremo ya admitió a trámite un recurso interpuesto por Automovilistas Europeos Asociados el pasado 21 de julio.
