Bruselas ha hecho oficial hoy jueves la demanda contra España ante el Tribunal de Justicia Europeo por los altos niveles de contaminación, especialmente los relativos al NOx.
La Unión Europea ha hecho oficial la demanda contra España por superar los niveles de contaminación (especialmente en lo relativo al NOx) al no cumplir la directiva europea de calidad del aire que se puso en marcha en 2008 y que se debía cumplir desde el año 2010.
Fueron muchas las advertencias (la primera exigencia de cumplimiento llegó en 2015) y demasiado el tiempo que se dejó transcurrir hasta que se tomaron las primeras medidas, aunque algunas de ellas se han intentado revertir tras las últimas elecciones municipales.
Los principales problemas se encuentran en Madrid, el Corredor del Henares (zona que une Madrid y Guadalajara), la periferia de Barcelona y Granada.
España ya se salvó una vez
No es algo nuevo pues han sido muchas las advertencias que desde Europa han llegado al respecto, y solo cesaron en 2018 cuando Madrid puso en marcha Madrid Central (aunque no inició la imposición de multas hasta el abril de este año) y el anuncio de Barcelona de crear una zona de bajas emisiones por la que impediría circular a los vehículos más contaminantes y que pondrá en marcha el próximo 1 de enero.
Sin embargo, esto no es suficiente para el comisario europeo de Medio Ambiente, Kermenu Vella. El año pasado ya llevó ante los tribunales a Alemania, Francia, Italia, Rumanía, Hungría y el Reino Unido.
En este paquete de denuncias también estaba la española, sin embargo no la interpuso (la guardó, pero no la archivó) ante la puesta en marcha de nuevas medidas en Madrid y Barcelona (Granada está desarrollando un proyecto de restricción a la circulación en el centro).
Pero, el retraso de la creación de nuevas medidas adicionales y el anuncio de revertir algunas de estas restricciones al tráfico, intenciones declaradas por algunos de los nuevos equipos de gobierno de las ciudades tras las últimas elecciones municipales, han llevado a Vella a denunciar a España ante el máximo organismo judicial europeo.
Madrid Central en el punto de mira
Fue la llegada de Madrid Central lo que relajó las intenciones de Vella de denunciar a nuestro país. Más satisfecho quedó cuando el Gobierno de Pedro Sánchez creó una nueva legislación sobre calidad del aire, una medida que no pudo poner en marcha ante el adelanto electoral.
En este se incluían medidas, ahora repetidas en su debate de investidura, como la creación de zonas de bajas emisiones a imagen y semejanza de Madrid Central en ciudades con una población superior a los 50.000 habitantes, independientemente del nivel de emisiones o contaminación que tuviera.
Desde la Unión Europea entendían que Madrid Central era un buen primer paso, pero que necesitaban más, especialmente porque aunque redujo la contaminación en esta área del centro de la capital entre abril y junio (ha pasado de registrar 40 microg/m3 de NO2 a 22 microg/m3 en abril, 23 microg/m3 en mayo y 26 microg/m3 en junio) se aumentó la contaminación en los barrios limítrofes.
Eso sí, logró reducir buena parte del tráfico, aunque también fueron muchos los que simplemente cambiaron de ruta para atravesar Madrid en sus desplazamientos. Ayudó a concienciar a la población a dejar el coche en casa y buscar medios de transporte alternativos.
El resultado ha sido que en junio de este año el promedio de los niveles de polución registrados en Madrid era de 25 microg/m3 (el límite está en 40) el más bajo de los últimos 10 años. Es más, en 15 de las 24 estaciones de medición, los niveles contaminantes eran inferiores a los de 2018.
Nuevo panorama político
Ahora el panorama que se encuentra Bruselas con Madrid es bien distinto. El Ayuntamiento ahora liderado por José Luis Martínez Almeida (del PP y apoyado por Ciudadanos y Vox) fue uno de los grandes opositores a Madrid Central desde su puesta en marcha.
Hizo campaña apuntando a que lo derogaría y, según llegó al poder anunció que las cámaras que vigilan las entrada a esa zona dejarían de multar al poner en marcha una moratoria durante la cual esperaba devolver la normalidad al centro de la ciudad (la realidad es que permitía el tránsito libre por barrios en los que estaba restringida la circulación desde hace más de 15 años, como el Barrio de las Letras) e iniciaría una serie de consultas con los principales afectados para consensuar una alternativa que gustara a todos los implicados.
Sin embargo, un juez obligó al Ayuntamiento a devolver Madrid Central a su funcionamiento normal aludiendo a cuestiones de salud de la población. Y, por el momento no se sabe nada de si ha iniciado ya esa ronda de consultas con los vecinos y comerciantes de la zona.
Por el contrario, sí que se ha filtrado un primer borrador del proyecto alternativo a Madrid Central en el que está trabajando con un importante abanico de propuestas.
Ante la posibilidad de la llegada de la demanda y la posibilidad de una multa desde Europa, Martínez Almeida ya dijo que los actuales problemas de contaminación de la capital no son fruto de sus políticas, los ha puesto en práctica desde que llegó a la alcaldía hace un mes y medio.
Barcelona, ha tardado demasiado en reaccionar
El problema de Barcelona es otro. Y podría no estar originado tanto en la circulación de vehículos. Hasta el 10 % de la contaminación se concentra en la zona de puerto, donde hay un gran tránsito de camiones, los cuáles no han sufrido las mismas restricciones ni limitaciones mecánicas que han tenido los coches en pos de reducir la contaminación. Además, aquí también intervendría la importante contaminación que suponen los barcos.
En la ciudad condal hay proyectada una zona de bajas emisiones que representa el interior de las rondas. Aquí se limitará el paso de los vehículos más contaminantes, pero no entrará en vigor hasta el 1 de enero.
Contará con un tiempo de adaptación de la población por lo que las primeras multas tardarán en llegar. Así, las consecuencias de esta medida se harán esperar.
¿Y ahora qué?
Este panorama donde las respuestas por parte de las administraciones han sido mínimas (no solo era un problema de Madrid y Barcelona, sino del conjunto de país) y el anuncio de acabar con algunas de las medidas ya puestas en marcha, han sido los detonantes para que España vaya ante el Tribunal Europeo por incumplir la normativa de calidad del aire de las ciudades.
Se abrirá un proceso que llevará varios años y que será similar al que ya se puso en marcha por la falta de depuración de las aguas contaminadas de nuestras ciudades. La causa irá contra el gobierno central, no contra las ciudades que superan los límites de contaminación.
En caso de que el fallo señale que España no cumple con lo estipulado en la normativa europea de calidad del aire, primero se producirá una exigencia de cumplimiento normativo y, en caso de no remediar la situación, llegarán las primeras sanciones y multas económicas, que algunos cifran en unos 2.000 millones de euros.
