El Gobierno acaba de aprobar una ley que protege a a los taxis, frente a los vehículos con conductor (VTC). Según El Confidencial, se trata de una propuesta que establece las condiciones que regulan la actividad de los coches que operan empresas como Uber o Cabify.
No obstante, es un proyecto que ha surgido a contrarreloj, antes de que el Tribunal Supremo pudiese dictar su sentencia al respecto. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) lleva un tiempo enfrentándose con Fomento en los tribunales para eliminar todas las trabas legales que limitan la actividad de los VTC. Según las especulaciones, el alto tribunal parecía inclinarse por la liberación del transporte urbano, aunque ahora la batalla judicial se alargará unos años.
Ante esto, la única alternativa que tenía el Ejecutivo para controlar la situación era elevar a rango de ley las regulaciones de los vehículos con conductor. De este modo, el asunto queda oficialmente “blindado” y la situación de los taxistas sigue siendo la misma.
Taxi, Uber o Cabify: ¿cuál es la mejor opción?
El Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha confirmado esta mañana que “el objeto de la ley es equilibrar la actividad del taxi y de las empresas de alquiler de coches con conductor. Queremos garantizar una buena convivencia entre ambos sectores, sobre todo porque el ratio 1/30 (1 coche VTR por cada 30 taxis) ya se ha roto. Ahora mismo hay 64.217 licencias de taxi y y 7.058 de VTC, por lo que el ratio actual es de 1/9 y debe ser regulado”, ha añadido.
Sin embargo, no ha hecho apenas referencia a lo que el Supremo estaba a punto de sentenciar. Es más, dijo; “existe un contencioso-administrativo ahora mismo en el Supremo, pero yo no puedo saber cuál va a ser el resultado del mismo. Hemos decidido aprobar este decreto-ley para solucionar el conflicto que está creando la adjudicación de nuevas licencias VTC en las últimas semanas y meses”.
Estas son las limitaciones que contempla el Gobierno para los VTC
En la nueva ley que han aprobado, se pretende mantener lo establecido en la Real Ordenanza TT de 2015, respecto a los vehículos con conductor de Uber y Cabify. Es decir, regular el ratio 1/30 y la obligación que tienen estos vehículos de realizar menos del 20% de su actividad en una comunidad autónoma distinta a aquella en la que esté registrado el coche.
Para que este proyecto consiguiera salir a la luz, el Ejecutivo le ha dado toda la prioridad posible, calificándolo como un asunto de interés público de “extraordinaria y urgente necesidad”. Un proyecto que, a partir de hoy, dejará en un segundo plano la decisión del Supremo.
Aun así, para que este decreto pueda hacerse efectivo tendrá que ser aprobado por el Congreso de los Diputados en un plazo máximo de 30 días. Algo que, según ABC, también puede presentar grandes dificultades, debido a los escasos apoyos que tiene el Partido Popular en la Cámara Baja.
La liberación del sector podría haber sido el fin de los taxistas
Tal como publicó El Confidencial, Miguel Ángel Leal, presidente de la Federación Española del Taxi, dijo, cuando todavía no se sabía si se iba a aprobar, que la decisión del Supremo podría ser “la muerte definitiva del taxi”. Una decisión que, según confesó, “se cargaría el sustento de 100.000 familias“ al regular la competencia y, además, causaría un gran impacto económico.
De acuerdo con lo que recogían en El Mundo, Íñigo de la Serna, ministro de Fomento, había tomado las riendas del proyecto y había entablado contacto con otros partidos políticos para conseguir su participación. Consideraba que la liberación del sector provocaría la autorización de miles de licencias VTC nuevas (unas 30.000), fomentando el hundimiento del valor de las del taxi y arruinando definitivamente el sector.
Es una propuesta que ha ganado algunos numerosos adeptos, aunque, en su mayoría, apoyan trabajar en “periodo de transición ordenada” hacia un nuevo modelo de movilidad.
Por ejemplo, Pedro Sánchez cree necesario modernizar del sector de forma progresiva, mientras que en Ciudadanos proponen una flexibilización de las tarifas de los taxis para que puedan fijar unos precios como en el caso de los VTC.
Cabify no apuesta por una liberalización completa
Existen muchas empresas propietarias de licencias VTC, como Moove Cars, Gestasi o Vector que se oponen a esta iniciativa de liberalizar el sector.
Según El Confidencial, en caso de que la nueva ley del Gobierno no se hubiese aprobado, se podría haber producido una avalancha de demandas en dichos permisos, haciendo que perdiesen valor. Por tanto, estas empresas también habrían perdido el dinero de sus inversiones.
Además, Cabify no secunda la liberalización del sector porque, a esos niveles de competencia, la empresa más poderosa se impondría sobre las demás: los 400 millones de financiación de Cabify no tendrían nada que hacer frente a los 21.000 millones de Uber. Lo que sí aprueban es la reducción del ratio 1/30 para que, al menos, pueda circular un vehículo VTC por cada nueve o cada siete taxistas. Es decir, apuestan por unos ratios de 1/7 o 1/9 como máximo.
¿Qué opinan en Europa?
Las tensiones entre los taxis y los coches de Uber se han extendido a todos los países europeos. Sin embargo, la última sentencia de la Justicia comunitaria se ha posicionado de parte del colectivo taxista.
Como cuenta El Confidencial, han aprobado que las normas estatales puedan restringir algunos de los servicios que ofrece la empresa de Dara Khosrowshahi. Desde diciembre, consideran que no es una plataforma digital, sino un servicio de transporte y, por ello, también dan su bendición para que los Estados Miembros puedan sancionar a aquellos que sigan llevando a cabo los servicios de intermediación entre pasajeros y conductores particulares.
Esta es la respuesta de los taxistas ante los servicios de Uber y Cabify
No obstante, hay que destacar que esta decisión de Luxemburgo está dirigida a la actividad de transporte que se desarrollaba a través de Uberpop (que ya no opera desde 2015), por lo que desde Uber han confesado que pretenden continuar con los diálogos en las ciudades europeas.
