La Unión Europa está de acuerdo en que se necesita un reglamento más duro para controlar las emisiones de los coches nuevos que se pongan a la venta.
El proyecto aún está en fase de aprobación, pero la finalidad es evitar que se produzcan nuevos casos de fraude, como el que tuvo lugar en 2015 con algunos automóviles con motores diésel vendidos por el Grupo Volkswagen.
Entre algunas de sus propuestas, está la de cambiar el sistema de pruebas de las emisiones de los coches, las cuales están siendo pagadas por los propios fabricantes en la actualidad. Lo que se busca es romper la relación comercial entre ambas empresas, siendo la Unión Europea la que financie a estos centros de verificación de los vehículos, previa imposición de las tasas correspondientes para ello a las propias marcas.
Además, hablan de la creación de una agencia independiente, como la que opera en Estados Unidos y que ya ha denunciado a varios fabricantes de coches por no cumplir con la normativa de emisiones contaminantes del país.
En la nueva ley que se quiere aprobar, se contempla que, al menos un 20 por ciento de los coches vendidos en los últimos 12 meses, tendrían que someterse a los nuevos tests. De no superarlos, tendrían que enfrentarse a multas de hasta 30.000 euros por cada vehículo que no cumpla la normativa. También se espera tener el poder necesario para realizar pruebas aleatorias cuando así se requiera.
Para los legisladores de la Unión Europa, sería un paso adelante en su guerra contra los motores diésel, que podrían desaparecer del mercado automovilístico en un futuro no muy lejano.
Ciudades como París y Madrid ya cuentan con restricciones al tráfico por su área central cuando se superan ciertos límites de emisiones establecidos y, para 2025, quieren prohibir la circulación de los vehículos con mecánica diésel.
