La polémica está servida. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Decretazo para regular el sector de las VTC. Como bien se había filtrado, desde Fomento han dado todo el poder a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Estos serán ahora los encargados de decidir las limitaciones que se imponen a empresas como Uber y Cabify. Una medida lógica, según apunta el Gobierno, porque son estas las que regulan ya el sector del taxi.
Eso sí, como ya se había anunciado, estas limintaciones no será inmediatas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dado un plazo de adaptación a las CCAA y Ayuntamientos que sí quieran asumir la competancia. Un período de transición de 4 años. Los taxistas, aunque contentos con la medida global, no están de acuerdo en este tiempo; ellos pedían dar a las VTC solo un año. Ya se han alzado varias voces desde el sector contra la medida.
Las palabras del Ministro de Fomento
En la rueda de prensa ofrecida en Moncloa tras el Consejo de Ministros, José Luis Ábalos ha hablado de la importancia de esta medida. Ha querido resaltar que, para su aprobación, se ha reunido con todas las partes implicadas; aunque según publicaba hoy El País, Eduardo Martín, presidente de la principal asociación del sector VTC (Unauto), decía que: “No es de recibo que 24 horas antes del real decreto ley no nos hayan pasado el texto ni nos haya recibido el ministro”. Y, como bien se criticó ayer desde la oposición, no se ha contado tampoco con las CCAA, grandes protagonistas a partir de ahora en el problema.
Ábalos ha defendido la necesidad de regular este servicio (VTC) promovido por la digitalización de la sociedad. “Lo que pretende este Decreto es ajustar lo que es un espacio de actividad a un espacio de regulación. Si es un transporte urbano, debe regularse como un transporte urbano”, ha apuntado. Además ha señalado que es algo irregular en nuestro país, que en algunas CCAA no hay problemas; pero sí en grandes ciudades como Madrid y Barcelona. “La regulación de Extremadura no será la misma que en Cataluña porque no se dan las mismas circunstancias”, matizaba.
¿Qué pasará ahora?
En este período de adaptación, las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos tienen mucho trabajo por delante. Por un lado, deben crear una nueva regulación para el sector que de cabida a las VTC. El decreto contempla que las VTC no pueden ofrecer servicios urbanos; y ahí es donde entrará la nueva normativa en la que CCAA y consistorios deben trabajar. Ellos decidirán si permiten a empresas como Uber y Cabify trabajar en las localidades o no; y en qué condiciones y bajo qué requisitos.
Hasta que llegue ese momento, solo se podrá regular la entrada de VTC con propuestas como las actuales. Por regulación de tráfico o medidas medioambientales. Todo seguirá como hasta ahora, para decepción del gremio del taxi. Al otro lado, las voces también se han alzado. Se habla de que peligran casi 15.000 puestos de trabajo.
El problema de las licencias VTC
Iniciativas de presión como el regalo de viajes a usuarios de Uber y Cabify o la huelga de conductores de ayer en Madrid no han servido de nada. Las licencias VTC no se expropiarán desde el Gobierno Central, pues conllevaría unas indemnizaciones millonarias en algunos casos; pero se pasa la pelota de bando. Ahora se necesitará una nueva licencia urbana que, dependiendo de un punto u otro de España, será distinta de conseguir. Cada uno decidirá cómo aplicar la proporción de taxis y VTC.
¿Y qué pasa con los usuarios? Pues que serán también afectados. En estos años se podrá seguir disfrutando de un servicio que, dentro de un tiempo, veremos cambiar de forma radical. Y en mano de cada uno está decidir si se sigue apostando por las VTC, por el taxi o por ambos de forma indiscriminada.
