Nuevo capítulo en la guerra entre el sector del taxi y los benefactores de las licencias VTC (Uber y Cabify principalmente). Y, en esta ocasión, el bando que tiene motivos para sonreír es el segundo. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha suspendido de forma cautelar la normativa del Ayuntamiento de Barcelona que limitaba la utilización de VTC y solicitaba licencias adicionales a estos vehículos.
De esta manera, se ha detenido una normativa que afectaba al área urbana de la ciudad condal (AMB) y que fue aprobado a finales de junio con el apoyo de Barcelona en Comú, PSC, PDeCAT, Esquerra Republicana y CUP. En contra estuvieron Ciudadanos y el Partido Popular.
La suspensión de esta normativa la había solicitado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y, por el momento, le han dado la razón. En un fallo al que ha tenido acceso El Confidencial, se ha señalado que el consistorio liderado por Ada Colau, y el área urbana que representa, no tiene la potestad para solicitar estas licencias adicionales pues es algo que corresponde al Ministerio de Fomento. Aunque este ha delegado estas competencias a las Comunidades Autónomas, por lo que, en última instancia, quien se debería pronunciar al respecto de este caso concreto es el Gobierno de la Generalitat.
Pero no solo esto, en la sentencia, siempre según el mismo medio, se señala que esta normativa va también en contra de la Ley de Garantía de la Unidad del Mercado. Y, como última consecuencia conllevaría una menor oferta en el servicio de transporte de viajeros y, por tanto, una escalada de precios y un empeoramiento del servicio.
Pero este no es el último capítulo de este enfrentamiento, ni siquiera del que afecta a Barcelona. El próximo 26 de julio se ha convocado a las partes (CNMC y AMB) a una nueva sesión para decidir las medidas cautelares que habrá durante esta anulación, en que de que se tomaran.
Y, posteriormente, habría que esperar a la resolución final del TSJC sobre el asunto. Por el momento está anulada cautelarmente, por lo que falta la resolución definitiva. Y este pronunciamiento, calculan algunos, podría tardar en llegar entre un año y medio y dos años.
Lo que sí se ha hecho ya ha sido rechazar el resto de reclamaciones que se habían interpuesto ante esta normativa, un total de 12, pues les resulta imposible pronunciarse sobre todas antes del 29 de julio, fecha en la que entraba en vigor esta normativa.