La Guardia Civil amplía su flota con vehículos diésel en plena ofensiva contra este carburante

La Dirección General de la Guardia Civil ha adquirido recientemente 249 unidades del SEAT León ST 2.0 TDI, para su parque de vehículos uniformados y camuflados. Los vehículos, correspondientes a la versión 2.0 TDI CR, cuentan con motores diésel, capaces de desarrollar una potencia de 150 CV.

Asimismo, poseen la caja de cambios automática DSG y el acabado FR. La marca destaca del modelo su “comportamiento dinámico, gran confort de rodadura, el equipamiento con múltiples asistentes de seguridad y su elevado nivel de eficiencia con bajos niveles de consumo y emisiones”. Esta compra llega en un momento en el que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribero, está trabajando para alejar la mecánica de ciclo diésel de nuestras carreteras, un deseo que no cunde dentro de su propio Gobierno. Y, si no, aquí un pequeño ejemplo.

Diésel para las Fuerzas de Seguridad

Precisamente, SEAT resalta por encima de todo sus bajo consumo, teniendo en cuenta que el propio Gobierno anunció, cuando se presentaron los Presupuestos Generales de 2019 el pasado mes de octubre, señaló que subirían el impuesto de este carburante para iniciar así la transición hacia el uso del coche eléctrico.

El modelo adquirido por la Guardia Civil cuenta con etiqueta medioambiental C, debido a la eficiencia de su motor y a su bajo nivel de emisiones de CO2 (117 g/km), una de las características que mejor ha valorado la dirección del cuerpo. No obstante, la Benemérita no ha sido la primera en adquirir el SEAT León para sus servicios.

El pasado mes de julio, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco compró para la Ertzaintza 300 unidades del ST X-Perience, con el mismo motor 2.0 TDI CR y cambio automático DSG.

Sólo una veintena de eléctricos

Además de la Guardia Civil, el Gobierno puso en marcha, según reveló La Información el pasado mes de octubre, la compra de más de 200 vehículos para diferentes funciones, de los que más de la mitad eran diésel. De esta flota, sólo una veintena eran híbridos o eléctricos. Este contrato pretende renovar el parque móvil de la Administración hasta 2020, coincidiendo con el final de la legislatura, que está muy anticuado según los datos del Ejecutivo. De media, los coches actuales tienen 15 años de antigüedad y más de 175.000 kilómetros.

La mayor parte de los nuevos modelos consumen gasóleo A, fabricados por marcas como Renault, Ford, Peugeot, Citroën, Fiat o Nissan. También hay en el lote coches de gasolina, 79 en total. En cuanto a los híbridos y eléctricos, se ha optado por incluir modelos como el Toyota Auris, Toyota Prius, Peugeot iON, Seat Mii o Renault ZOE. Esta importante renovación costará 133 millones de euros.

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