El Ministerio del Interior, con Juan Ignacio Zoido a la cabeza, tiene en mente la reforma de la Ley de Seguridad Vial para esta legislatura. Uno de los puntos que podría incluirse sería el hecho de que los médicos tuvieran que informar sobre posibles incapacidades del usuario para conducir, según recoge el diario ABC.
La renovación de la Ley se quiere realizar con un consenso que implique a los distintos agentes, razón por la que se han creado varios grupos de trabajo en el Consejo Superior de Tráfico y en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados.
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Según las mismas fuentes de ABC, uno de los aspectos que se quiere mejorar es la comunicación entre la Dirección General de Tráfico y la Dirección General de Salud Pública, con el objetivo de que los médicos puedan informar a los responsables de tráfico de las posibles lesiones que padezcan los usuarios y que les puedan impedir mantener el carné de conducir en vigor.
Esta medida, que ha sido planteada por el Grupo Popular y aprobada en Comisión, según el diario 20 Minutos, busca “controlar los problemas físicos o psíquicos que limitan al capacidad de conducción”. El texto insta al Gobierno a la “creación de un grupo de trabajo interministerial” para estudiar la posible adopción de medidas en esta materia.
En su exposición de motivos, 20 Minutos recoge que el problema surge “cuando nuestras capacidades resultan mermadas, mientras el permiso de conducir está vigente” y afirma que el modelo de reconocimiento de las capacidades psicotécnicas actual puede resultar “insufiente para la detección de dichas circunstancias”.
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Actualmente, los conductores deben renovar su permiso de conducir de coche y moto cada 10 años y, a partir de los 65 años, cada cinco. Esta renovación incluye una exploración médica para el Informe de Aptitud Psicofísica que, una vez pasada, no acarrea ningún otro examen o revisión hasta la próxima renovación.
Esto es lo que se quiere modificar, la posibilidad de que los médicos sean capaces de informar a la DGT de las posibles lesiones de un usuario concreto para que se valore la retirada de la licencia aunque esta todavía esté en vigor.
