El nuevo reparto de licencias perjudica a las compañías con mayor presencia en la ciudad.
El Ayuntamiento de Barcelona está en pleno proceso de reordenación del tráfico y aparcamiento de motos en la ciudad. La última medida ha sido poner en marcha una nueva normativa para servicios de motos compartidas o ‘motosharing’ en Barcelona, con un nuevo reparto de licencias para los operadores.
Según informa Libre Mercado, el ayuntamiento gobernado por Ada Colau ha decidido repartir 6.958 licencias aprobadas entre 21 empresas. Cada una de ellas, correspondiente a un vehículo, tiene un precio de 71,5 euros anuales. El problema está en el límite de licencias que ha establecido para cada una, que son 331. El consistorio ha dividido el número de licencias disponibles entre el número total de operadores. Esto obligará a algunos de ellos a retirar de las calles un gran número de vehículos para no sobrepasar ese límite.
De 1.800 motos a sólo 331
La mayor damnificada de este reparto ha sido la empresa Ecooltra. Tendrá que retirar 1.469 motos, pasando de 1.800 a las 331 estipuladas por la nueva normativa. El propio fundador y SEO de la empresa estalló contra la medida en su cuenta de Twitter: “estamos devastados. Hemos sido pioneros en motosharing en Barcelona, creando un sector de movilidad sostenible con 330.000 usuarios. Además, hemos creado 100 empleos fijos, ¿y ahora qué”, escribió Timo Buetefisch.
De momento, un buen número de operadores se han unido en una plataforma con su propia página web, motosharing.com, para defender sus derechos y reclamar un modelo de motosharing más justo y menos caótico. “El reparto va a provocar una fragmentación excesiva del motosharing y, lo más importante, afectará directamente a los usuarios”, explican en un manifiesto. El problema es que ahora será más difícil encontrar una moto cerca y al instante, además de obligar al usuario a descargar una veintena de apps, dependiendo del barrio o calle en el que se mueva.
Colau está abierta a cambios
Las quejas de esta plataforma han llegado hasta la propia alcaldesa, quien ha reconocido que el nuevo sistema no es “definitivo” y está abierto a cambios. “No tiene mucho sentido este reparto”, declaró en una entrevista a RAC1 que recoge beteve.cat. Además, ha aprovechado para defender la actividad del sector, que afirma necesitaba una regulación urgente porque era un caos.
Entre esos cambios que anuncia Colau, está la revisión de la documentación de cada compañía, para asegurarse de que cumplen los requisitos exigidos por el ayuntamiento. Entre ellos, está el garantizar la puesta en servicio de las motos por cada operador en un plazo de 30 días, o 30 más si muestran los comprobantes de los pedidos de motos realizados a los fabricantes. En caso de no cumplirlo, se retirarán las licencias al operador. Esta revisión podrá realizar una criba en el número de operadores disponibles, realizando un nuevo reparto de licencias más viable y equitativo.
