El Gobierno quiere alejar los coches más contaminantes de nuestras carreteras.
El Gobierno de Pedro Sánchez, aún presidente en funciones y que está buscando pactos para ser nombrado presidente del Gobierno de nuevo, está decidido a rebajar los niveles de contaminación en nuestras carreteras, especialmente en nuestras ciudades. Así, pretende revisar el Impuesto de Matriculación, para beneficiar a los menos contaminantes, especialmente a los eléctricos; y los impuestos que soporta el diésel, que espera igualar con los de la gasolina.
Estas intenciones se suman al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y el anteproyecto de Ley del Cambio Climático y Transición Energética, que aprobó el Consejo de Ministros cuando agotaba sus horas antes de la disolución del Parlamento ante la llegada de las últimas emisiones.
Pedro Sánchez se ha fijado la reducción del tráfico en las ciudades un 35 % en 2030 y en un 1,5 % anual hasta esa misma fecha.
Subida del impuesto de Matriculación
El Impuesto de Matriculación está tarificado hoy día en relación con las emisiones del propio vehículo. Así, se queda en un 0 % para los vehículos con emisiones inferiores o iguales a 120 gr/km de CO2; un 4,75 % para los que tienen emisiones entre 120 gramos y 160 gr/km de CO2; un 9,75 % para aquellos con emitan entre 160 y 200 g/km CO2; y un 14,75 % para los vehículos con unas emisiones superiores o iguales a 200 g/km CO2.
Hay que recordar que este cálculo se hace aún sobre el antiguo ciclo de homologación NEDC tras aplicar en agosto del año pasado una moratoria sobre el ciclo WLTP, ya en vigor desde Europa, ante la gran subida de precios que iban a tener los coches en un mercado que ya daba sus primeros signos de agotamiento y que le llevó a sumar 7 meses de caídas consecutivas.
Ahora, en los planes de Pedro Sánchez, ante la conformación de su próximo gobierno está la subida de los porcentajes impositivos para los vehículos más contaminantes e, incluso, rebajar la cifra de emisiones a partir de la que se empiezan a pagar, actualmente fijada en 120 g/km CO2.
Subida de los impuesto al diésel
Es uno de los temas de los que más se habló durante los 9 meses de Gobierno de Pedro Sánchez y el primero que regresó a los titulares según se confirmó la victoria del PSOE en las últimas elecciones. El Gobierno del madrileño espera aumentar la recaudación de impuestos con varias medidas entre las que se encuentra la subida de los impuestos al diésel.
En realidad se trataría de una equiparación entre las tasas que recibe la gasolina (en torno al 52 %) y las que recibe el diésel (sobre un 48 %). Este proceso sería progresivo y no de golpe, aunque terminaría por una subida de unos 3,8 céntimos por litro en 2020. Esta medida está incluida en el Plan de Estabilidad 2019-2020 que ya se ha enviado a Bruselas.
Pero no queda ahí. También se baraja la implantación a nivel nacional del céntimo sanitario, un impuesto que se creó en 2002 aunque en 2014 se amplió para que las comunidades autónomas que así lo desearan pudieran aumentar sus ingresos. Ahora se estudia la implantación en las comunidades autónomas que no lo quisieron aplicar.
Sin embargo, esta subida no se aplicaría a todos los conductores. Los profesionales del transporte y las maquinarias agrícolas quedarían exentos del ‘diéselazo’.
Planes teñidos de verde del Gobierno
Una de las iniciativas que aprobó el Consejo de Ministros del Gobierno antes de la convocatoria de elecciones fue Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) al mismo tiempo que presentaba el anteproyecto de Ley del Cambio Climático y Transición Energética.
Esto se traduce en un plan de 1.000 millones de euros en el periodo 2021-2025 para la implantación del vehículo eléctrico y por el que se toman medidas para descarbonizar el aire entre las que se incluyen la exclusión de los permisos para matricular turismos que emitan dióxido de carbono a partir de 2040.
De esta manera, ambos proyectos inician ahora su tramitación, primero han de ser enviados a Europa, donde deben ser validados. Y una vez tengan el visto bueno de Bruselas deberá superar el filtro de nuestro parlamento, que aún no se ha conformado tras las últimas elecciones del pasado 28 de abril. Son proyectos como estos los que dan tanta importancia a los pactos en los que ahora ahora está trabajando el propio Pedro Sánchez.
Implantación del coche eléctrico
El Gobierno de Pedro Sánchez no es el primero que busca la implantación de una mecánica que aún resulta demasiado costosa. A pesar de todo, ha aprobado un plan de 1.000 millones de euros para la dinamización de las ventas de los coches eléctricos entre 2021 y 2025.
Cada uno de los años se ayudaría con 200 millones la venta de vehículos eléctricos. Así, las intenciones del Ejecutivo en funciones pasan porque en 2030 haya cinco millones de coches eléctricos circulando en nuestro país, el 15 % del parque móvil, cuando hoy día apenas hay unos 36.000.
A pesar de que se habló mucho de que prohibiría las ventas de coches con motor térmico, finalmente no fue así de facto. Al menos en el caso de los turismos. En la normativa se indica que tomarán todas las medidas necesarias para que después de 2040 no se puedan vender coches que emitan CO2, lo que dejaría fuera del mercado a los gasolina, diésel e híbridos enchufables a la espera de que pueda surgir una tecnología que elimine este componente de los gases contaminantes que emiten los motores a combustión.
Así, no se prohibió su venta como tal, algo que tanto miedo generaba en el sector y tanta crítica había suscitado, aunque sí los veta. Por tanto, se prohíbe de facto. Eso sí, los comerciales, camiones y autobuses se librarían de esta medida.
Ambicioso plan
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 pretende cumplir con los objetivos marcados por Europa en cuestiones de presencia de energías renovables, eficiencia energética y reducción de las emisiones de carbono. Así, la intención es que el 100 % de la energía renovable que se utilice en nuestro país en 2050 proceda de fuentes renovables, una línea de actuación marcada por Europa.
Con este nuevo plan, se espera que en 2030, el 42 % de la energía que se utilice en España provenga de fuentes naturales, cuando desde Europa marcan que para esa fecha debería ser de solo el 32 %.
Con esta reforma, el Gobierno en funciones prevé que este plan cuente con una inversión estimada de 237.000 millones de euros que surgirán de entidades públicas y privadas, lo que serviría, entre otras, para la creación de 300.000 empleos entre los sectores de investigación, instalación y reparación.
