Las ciudades británicas han tomado la iniciativa para la prohibición de los coches diésel y gasolina. Ayer, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, se unió a la demanda de los alcaldes de otras capitales del país como Liverpool, Manchester, Oxford, Sheffield o Bristol. El objetivo es prohibir la venta de coches de combustión interna a finales de la próxima década.
La petición surge del plan de la primera ministra británica Theresa May, que pretende prohibir la venta para 2040. Los ayuntamientos quieren acelerar el proceso para tener ciudades totalmente limpias en 2030. “Impedir la venta de estos vehículos, crear zonas de aire limpio en las ciudades e introducir un programa nacional de renovación de automóviles mejorará la calidad del aire y, por consiguiente, nuestra salud”, declaró a Reuters Khan.
Una ‘guerra’ global
Reino Unido ha sido uno de los países más activos implantando medidas para reducir la contaminación. En Londres entró en vigor en octubre la famosa ‘tasa de toxicidad’, un ‘peaje’ para los coches más contaminantes. Por otro lado, en Oxford no se podrá acceder al centro con coches de combustión interna a partir de 2020.
Pero no es el único estado que ha legislado sobre las emisiones de CO2. Las últimas prohibiciones las ha puesto en marcha en Ayuntamiento de Madrid, que ha elaborado un plan para que, a partir del próximo mes de noviembre, los coches sin el distintivo ambiental de bajas emisiones no puedan circular ni aparcar en el centro de la ciudad.
Fabricantes a la defensiva
Países como Francia, Holanda, Noruega o China también han comenzado a aplicar leyes de bajas emisiones en sus ciudades. Pero en la cara más amarga de esta lucha contra la contaminación están los fabricantes. Las patronales advierten de recortes futuros de plantilla y defienden aún el segmento diésel.
El argumento más utilizado es que los modelos más limpios queman menos combustible que los de gasolina. De esta manera, se reduce el nivel de emisiones a la atmósfera. Pero la subida de impuestos a este tipo de vehículos y sus medidas para restringir su uso en las ciudades ha hecho que su cuota de mercado sea cada vez más baja (en torno a un 35% en España).
